jueves, 21 de mayo de 2015

BICICLETA E INFANCIA*

Hay que reconocer el derecho de la infancia a moverse con libertad y seguridad por las calles y vías públicas, a través de la adecuación normativa, de las infraestructuras, la gestión viaria y la sensibilización y formación a políticos, técnicos y población adulta en general. 

La pérdida de autonomía de la población infantil es uno de los peores lastres que conlleva el “moderno” sistema de movilidad de nuestras ciudades. El menor ha sido expulsado de las calles, convertidas en zonas de peligro e inseguridad. Urge reconocer el derecho de la infancia a una movilidad segura y cómoda, con autonomía, y a poder circular con su bicicleta por la calzada. Ello exige que el coche debe someterse a este derecho y comportarse de forma que asegure la integridad física del menor. Una ciudad adaptada a los menores (como los sujetos más vulnerables) es una ciudad adaptada para todos. 
Las iniciativas de camino escolar, siendo interesantes y recomendables, no son garantes del derecho a la autonomía de los menores como requisito imprescindible en su proceso educativo y madurativo. Tampoco el autorizar que vayan en bicicleta por la acera les otorga dicha autonomía. Son parches que esconden bajo la alfombra de la ciudad acelerada el verdadero problema que sufren los menores.
La normativa de tráfico y seguridad vial debe reconocer el derecho del menor a ser parte activa de la ciudad y a usar sus vías con la debida autonomía, garantizando que el resto de usuarios de la vía, y especialmente los conductores de vehículos motorizados, se comportarán maximizando las precauciones ante su presencia. En esta línea, se deberá establecer una velocidad máxima compatible con la presencia del menor, y se generalizarán las calles y zonas de preferencia peatonal, limitando el tráfico de paso a unas pocas avenidas (menos del 20% de las vías urbanas). Para evitar la movilidad obligada ya desde pequeños, todos los barrios deberían contar con servicios públicos infantiles (escolares, parques, zonas de juegos… etc.)
El diseño urbano y de las calles debería realizarse garantizando una mayor seguridad de los menores en ella. Los centros educativos y los parques deberían disponer de bici-aparcamientos seguros, y la normativa de viviendas establecer, asimismo, que las fincas cuenten con espacios accesibles donde los menores puedan dejar sus bicicletas.
Por otro lado, deberían proliferar las actuaciones urbanísticas en los entornos escolares que permitan el camino escolar seguro, ya sea por medio de plataformas de recepción peatonal en las entradas de los centros, pasos peatonales, eliminación de bordillos, supresión de mobiliario urbano que limita la visibilidad, medidas de calmado de tráfico, creación de infraestructura ciclista exclusiva o prioritaria, así como evitar la ubicación de aparcamiento motorizado indiscriminado de recogida y suelta de escolares en la puerta del colegio, que tantos problemas genera.
También el sistema de transporte debería garantizar su uso por parte de menores, vayan o no provistos de su bicicleta.
La sensibilización y capacitación son básicas para mejorar la seguridad en la circulación ciclista, especialmente las dirigidas a los automovilistas. Hay que devolver al menor a la calle y hacer una ciudad donde éste tenga cabida y decisión.
*Plan Nacional de la Bicicleta